Es muy sencillo, exigimos una Ley de Contratos Públicos Transparentes que obligue a que cualquier contrato público sea de acceso y conocimiento público (100% accesible para cualquier ciudadano a través de Internet) como condición necesaria para que sea un contrato resulte vinculante para la Administración. Dicho de otra forma, si un contrato no puede ser consultado por la ciudadanía, no es un contrato vinculante para la administración.

¿Cómo es posible que los ciudadanos de la Unión Europea o del Estado Español no puedan conocer el contenido de los contratos que les vinculan indirectamente? Sí, nos referimos no solo a la censura ejercida sobre el contrato de compra de vacunas del CoVid19, sino también a multitud de contratos que las administraciones de cualquier nivel mantienen como confidenciales para servicios como la recogida de basuras, por poner algún ejemplo.